Someten recurso en contra de Ley 6132

Posted on February 27, 2013

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Tres directores de medios RECLAMO. de comunicación depositaron ayer ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 6132. La acción está firmada por el director de elCaribe, Osvaldo Santana; Miguel Franjul, director del Listín Diario y Rafael Molina Morillo, director de El Día. Este recurso busca que el tribunal apoderado declare inconstitucional varios artículos de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento que establecen penas de prisión correccional para informaciones consideradas difamatorias o injuriosas.

EDWARD ROUSTANFranjul, Rodríguez y Santana mientras entregan documento al TC.Las partes de esta ley obje tadas por los ejecutivos de esos medios escritos están contenidas en los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 39 y 40, que establecen la prisión como castigo para los delitos de prensa que se puedan cometer en los medios de comunicación.

Representados por el abogado Namphy Rodríguez, los recurrentes piden que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional los artículos 46, 47 y 48 de la ley que rige el ejercicio periodístico en República Dominicana.

Esos artículos responsabilizan directamente a los directores de los delitos que se cometan en los medios que dirigen, y en cómplices a quienes emiten los juicios o expresiones con carácter de difamación o injuria.

“Las disposiciones de esos artículos quiebran el principio de responsabilidad personal de la pena y de la persecución penal contenido en el artículo 40 de la Constitución de la República”, arguyó el jurista Rodríguez. El citado artículo constitucional establece que nadie es penalmente responsable por el hecho de otro. Igualmente, entienden que deben considerarse inconstitucional los artículos 368, 369, 370, 371 y 372 del Código Procesal Penal dominicano, “por producir el mismo sistema de sanciones penales que la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento”.

“Esta instancia está bien explícita en cuanto a las razones que estamos invocando para que los artículos objetados sean eliminados del entramado jurídico de República Dominicana, porque son altamente lesivos al ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos ciudadanos”, expuso Franjul

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